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martes, 25 de febrero de 2014

LAS INSTITUCIONES Y LA MASONERÍA ALICANTINA SE DAN CITA EN EL HOMENAJE A "LOS MÁRTIRES DE LA LIBERTAD"





El pasado sábado tuvo lugar en Alicante el homenaje a los "Mártires de la Libertad". El acto fue organizado, como desde hace más de dos décadas, por la Comisión Cívica "Mártires de la Libertad" de Villafranqueza, hecho que se celebra desde el año 1992 con una procesion cívica que culmina en el monumento funerario.

El acto contó con la presencia de diversos cargos institucionales como el concejal de EU Miguel Ángel Pavón, y representantes de UPyD así como de Compromís. Por su parte, diversos representantes de la masonería alicantina se dieron cita en el lugar como todos los años desde que se celebra este acontecimiento.



Para más información, les adjunto una reseña de la historia a la que se debe este homenaje:


El Panteón de los Guijarro se alza entre el barrio de Virgen del Remedio y Villafranqueza. Se levantó entre 1799 y 1803 y fue proyectado por arquitecto A. Jover.Este mausoleo familiar se levantó en las afueras de la ciudad sobre un cerro próximo a Villafranqueza.

Se trata de una pequeña capilla-panteón de estilo neoclásico no vinculada a ningún cementerio (una práctica que se prohibió por salubridad en 1805, poco después de su construcción). Debido a sus particularidades, se trata de una construcción singular en la provincia, por ser el único recinto funerario de carácter civil fuera de un cementerio.

Cada año, en este lugar se produce un homenaje a los Mártires de la Libertad (la vía por la que se accede de hecho se llama Paseo de los Mártires de la Libertad). En este homenaje se rememora a siete militares que formaron parte de las tropas lideradas por Pantaleón Boné que se sublevaron contra el gobierno despótico de Isabel II en defensa de la libertad, la Constitución y las instituciones democráticas, fusilados junto a los muros del citado monumento el 14 de febrero del año 1844, tras ser hechos prisioneros cerca de Elda en un enfrentamiento con las tropas del Gobierno moderado de González Bravo.

Los vecinos de Villafranqueza han hecho del panteón un referente de libertad, ya que en 1992 se constituyó una Comisión Cívica, que cada año celebra una Marcha para rendir homenaje a estos defensores de la libertad, exigir la recuperación integral del monumento y, desde 2003, entregar los premios Mártires de la Libertad, reivindicando el papel de los defensores de las libertades, representado por personas o instituciones actuales.



El Panteón ha quedado para siempre asociado a los Mártires de la Libertad y a la lucha por las libertades en España y en el mundo, de ahí el interés por convertir este monumento en centro de estudios del Liberalismo.

Pero… ¿Quiénes fueron los Mártires? ¿En qué momento fueron protagonistas de la Historia de España y en qué circunstancias históricas se desenvolvieron los hechos que recordamos?

Esta es una breve síntesis que pretende dar respuesta a estos interrogantes.

Los antecedentes


1833 fue un año trascendental en la Historia de España. La muerte del último rey absolutista, Fernando VII, abría una nueva etapa de consolidación del régimen de libertades en España, cuyos primeros pasos se habían dado entre 1808 y 1814 y habían tenido su momento más brillante en la Constitución de Cádiz de 1812, pero Fernando VII a su regreso a España en 1814, y posteriormente en 1823, ahogó en sangre y represión estos intentos de libertad.

A partir de ese año se abre paso, poco a poco y con grandes dificultades, un régimen constitucional que reconocía por primera vez derechos y libertades a los ciudadanos españoles.

Los sucesivos gobiernos de España se vieron envueltos en una lucha entre dos formas de entender el régimen liberal y los límites de las reformas que había que acometer. Mientras unos sectores (Antigua nobleza y sectores más moderados de la burguesía comercial y terrateniente) se manifestaban claramente por unas reformas muy limitadas y reservaba los derechos y libertades exclusivamente para los ricos (Partido liberal moderado) , los sectores más radicales y progresistas de la burguesía, que conectaban con el movimiento popular , apostaban claramente por la ampliación de las reformas políticas y de los derechos y libertades a las capas populares de la sociedad española (Partido liberal progresista). No obstante, moderados y progresistas coincidían en el modelo de sociedad que deseaban establecer, en el que la propiedad era la llave que proporciona el status social, los derechos políticos y en definitiva el poder.

A partir de los años cuarenta la implantación del liberalismo resulta ya irreversible y tanto los moderados como los progresistas trataron de controlar el poder en favor de sus intereses. Nuevas tendencias de marcado carácter democrático fueron apareciendo en el seno del liberalismo progresista, concretamente el partido Demócrata y el partido Republicano que defendían una democracia mucho más radical, el sufragio universal y la universalización de derechos para todos.

A comienzos de 1840 los liberales moderados controlaban el poder legislativo (mayoría en el Congreso) y el gobierno. Ésta era la ocasión para aprobar una serie de leyes (ley de diputaciones y ayuntamientos, ley electoral, ley de imprenta etc) que se convirtieran en la garantía del control del poder. La cuestión clave del proyecto moderado era controlar los ayuntamientos, cuya organización será uno de los grandes debates del liberalismo español. Los ayuntamientos eran una fuente de poder importante, pues además de gestionar la administración local, controlaban la milicia nacional, el reclutamiento del ejército y tenían facultades fiscales y de evaluación de la riqueza rústica y urbana.

La intención de los moderados era recortar la autonomía municipal, restringir el censo electoral y en definitiva las libertades civiles y políticas. Los alcaldes serían elegidos por el gobierno o por sus agentes en las provincias (Gobernador civil), de manera que los poderes locales quedaran totalmente sometidos al gobierno central.

Los progresistas no estaban de acuerdo con este modelo de organización municipal, especialmente en la cuestión de la elección de alcaldes, defendiendo la autonomía y las competencias de los ayuntamientos así como la elección de alcalde por parte de los ciudadanos con derecho a voto.

Pese a los intentos de los progresistas, el gobierno moderado aprobó la ley de Ayuntamientos el 14 de julio de 1840, lo que provocó una oleada de protestas populares que pusieron fin a la regencia de Mª Cristina y llevaron al poder a Espartero jefe del partido progresista. Alicante jugó un papel de primer orden en la definición de la nueva situación política. La ciudad presentó un documento a la regente criticando la línea política del gobierno moderado, ajena a los principios de la Constitución y pidiendo la formación de un nuevo gobierno más respetuoso con las ideas liberales.

La revolución de septiembre fue promovida por ayuntamientos y la milicia nacional (ciudadanos en armas) que, aunque controlada por comerciantes y propietarios, admitía también en su seno al mundo artesanal que abarcaba desde la producción mercantil hasta los proletarios por cuenta ajena.

Tras el pronunciamiento, el poder quedó controlado por una Junta provisional de gobierno, toda ella compuesta por miembros de la burguesía progresista alicantina y cuyo primer objetivo fue controlar el movimiento popular, evitando radicalismos que pudieran llevar a poner en cuestión su poder y la propiedad.

Durante el trienio esparterista la situación se fue radicalizando en España y en Alicante. En sucesivas elecciones municipales (diciembre de 1840 y 1841) esta tendencia se fue confirmando con el triunfo en 1840 de los liberales progresista y en 1841 de los candidatos demócratas y republicanos con un programa que propugnaba la abolición de los impuestos sobre los consumos, la reducción del ejército o el reparto de tierras… .

La experiencia esparterista acabó en 1843 por la política antisocial expresada en la dura represión de los movimientos republicanos que estallaron en 1942 en Barcelona y Valencia. Todo ello alejó del régimen a las capas populares y acentuaron la división del progresismo, ampliándose el sector de los disidentes de izquierda. A principios de junio varias ciudades se sublevaron iniciándose un proceso insurreccional. En Alicante el movimiento comenzó el 11 de junio. Se formó una Junta Provisional Local de Salvación que asumió el poder y se puso al frente de un movimiento popular que había que controlar y mantener dentro de los cauces de la moderación. La insurrección se extendió a otros puntos de la provincia y las acciones contra Espartero se intensificaron, al tiempo que los moderados iban ganando posiciones al regresar muchos de ellos a España gracias a una amplia amnistía decretada el 20 de junio por la Junta de Valencia. Los liberales moderados aprovecharon la ocasión para unirse a los progresistas y formar un gobierno de coalición y transición liderado por Joaquín Maria López.

Como era de esperar, la coalición se rompió a finales de 1843, y Alicante será de nuevo escenario de un conflicto. Esta vez de consecuencias dramáticas para la ciudad, a comienzos de 1844.

La Rebelión de 1844 en Alicante


Tras el derrocamiento de Espartero se formó un gobierno presidio por Joaquín María López, aunque el poder efectivo estaba en manos del general y líder de los moderados, Narváez, cuya primera medida fue desarmar la milicia. Proclamada reina la niña de trece años, Isabel II, tras las nuevas elecciones se formó un gobierno de coalición de moderados y progresistas liderado por J.Mª López que al no poder sacar adelante su programa, dimitió, siendo sustituido por Olózaga que pretendió dar un carácter más progresista a su gobierno. Las conspiraciones urdidas por los moderados que acusaron a Olózaga de coaccionar a la reina niña desembocaron en su destitución y la formación de un gobierno presidido por González Bravo, pero controlado por el ejército cuyo jefe era el propio general Narváez.

El gobierno de González Bravo será el instrumento de marginación de los progresistas, preparando el terreno para el acceso definitivo de los moderados al poder. Para ello adoptó una serie de medidas dirigidas a eliminar aquellas instituciones en las que se apoyaba la fuerza de los progresistas: la milicia nacional y los ayuntamientos democráticos. El 18 de diciembre un Real Decreto colocaba a la Milicia bajo la autoridad militar. El carácter popular de la Milicia Nacional, su carácter civil y progresista y su carácter local y autónomo dependiente de cada ayuntamiento, fue transformado con este Real Decreto en un cuerpo militar, uniformizado y dependiente del gobierno central y por tanto instrumento de la política conservadora y centralista, exactamente el mismo papel que poco después cumplirá el cuerpo de la Guardia Civil.

La medida no sentó bien a los mandos de la milicia en Alicante, pues echaba por tierra las esperanzas puestas en la Milicia por los progresistas como salvaguarda de la libertad. El 30 de diciembre el gobierno dicta un decreto restableciendo la ley de Ayuntamientos de 1840 que suprimía todos los aspectos democráticos de la ley en vigor, estableciendo que los alcaldes serían designados por el gobierno central y se reducía el derecho de voto a los principales contribuyentes.

Estas medidas provocaron un sentimiento de frustración y de abierta oposición expresada en un manifiesto por los diputados progresistas exigiendo el respeto a la Constitución y su cumplimiento, denunciando cualquier infracción de la misma. Un ambiente revolucionario expectante se va extendiendo por todo el territorio español entre progresistas, demócratas y republicanos. En Alicante el ambiente político se caldeaba por momentos. Los Diputados alicantinos elaboraron un manifiesto combatiendo la ley de ayuntamientos y lo difundieron por toda la provincia, en contra del consentimiento del Gobernador y Jefe Político, Ramón Ceruti, que, además de considerarlo doctrina subversiva, dio órdenes de secuestrar la publicación del manifiesto e impedir su circulación.

A pesar de las medidas de precaución adoptadas por el Gobernador, el 28 de enero de 1844 estalló un movimiento revolucionario en defensa de la autonomía municipal y contra la actitud reaccionaria y anticonstitucional del gobierno al que acusan, como publicaba el diario progresista “El Eco del Comercio”, de “…preparar un golpe de Estado para acabar con el sistema representativo y construir sobre las ruinas de la Constitución el odioso alcázar de la opresión y la tiranía”.

En Alicante los progresistas radicales en los que están involucrados elementos civiles (Félix Garrido, secretario del Gobierno político, y Manuel Carreras, jefe de la milicia) y militares (Pantaleón Boné era su jefe natural), preparan la conspiración. Se trataba de sublevar la ciudad contra el gobierno moderado con el fin de extenderla a otras ciudades y derrocar al gobierno despótico de González Bravo y de Narváez.

El 24 de enero llegaba el citado coronel Pantaleón Boné a la ciudad de Alicante, procedente de Valencia, al frente de 150 carabineros de a pie y otros 50 de caballería y una compañía del batallón de Saboya, bajo el pretexto de realizar una redada de contrabandistas que con frecuencia desembarcaban género ilegal por las costas. Del 24 al 28 se ultiman los planes de la revolución.

El domingo 28 de enero, aprovechando que era domingo de carnaval y por tanto día de diversión, los carabineros ocuparon el castillo e hicieron prisionero a su gobernador. La rapidez con que se hizo se debió al efecto sorpresa con que se ejecutó y el apoyo total de la Milicia Nacional de Alicante compuesta por 900 hombres a los que se sumaron otros 300 nacionales procedentes de los pueblos más próximos.

Boné ordenó detener a las autoridades civiles (Ramón Ceruti, gobernador, y Miguel Pascual de Bonanza, alcalde) y militares (Manuel Lasala, Comandante General de provincia) y trasladarlas al Castillo de Sta. Bárbara.


Dueños de la ciudad, los sublevados, de acuerdo con los líderes políticos del pronunciamiento, procedieron a asumir el poder, en un acto de afirmación de su soberanía, y a constituir una Junta de Gobierno integrada por el propio Pantaleón Boné como Presidente , por Manuel Carreras como Vicepresidente , por Miguel España y José María Gaona como vocales y por Marcelino Franco como vocal-secretario y elaboraron una proclama anunciando el éxito del pronunciamiento y justificándolo por la actuación anticonstitucional del gobierno al invadir el poder legislativo e imponer una ley de ayuntamientos restrictiva. Por ello, dice la proclama se hace necesaria una revolución popular, auténtica, que restablezca y garantice la libertad. La lectura de la proclama produjo una actitud favorable hacia el pronunciamiento tanto entre la mayor parte de la población como entre la tropa que guarnecía la ciudad.

Con el fin de impulsar el movimiento revolucionario, la Junta decretó el 29 de enero la movilización de la milicia nacional de toda la provincia, ordenando a los ayuntamientos y a los comandantes de milicia que reunieran la fuerza y las enviaran a Alicante para colocarse bajo la autoridad de la Junta de Gobierno revolucionaria .

Ese mismo día se creó una Junta de Armamento y Defensa para organizar las fuerzas y descargar a la Junta de parte del trabajo. Estaba formada, entre otros, por Fernando Ybarrola, otro de los jefes de la milicia, y Juan Manuel Carsí, uno de los más importantes líderes de la sublevación republicana de 1842 en Barcelona.

El pronunciamiento alicantino de 1844 se presentaba así con un claro tinte democrático y republicano, liderado por elementos civiles y militares de la burguesía radical alicantina y apoyado por la Milicia Nacional, cuyo jefe y subinspector provincial, Manuel Carreras, era su verdadero líder político.

El 31 de enero el pronunciamiento había triunfado en Alicante. El siguiente paso fue convertir a la Junta de Gobierno en Junta Suprema de Gobierno de los Reinos de Aragón, Valencia y Murcia, negando legitimidad al gobierno de González Bravo y advirtiendo que el apoyo del Trono al gobierno podría suponer una pérdida de consenso para el mismo en el convencimiento de que los derechos del Trono van unidos al “deseo de ser libres”. Otras medidas que adopta la Junta tratan de atraerse apoyos entre la tropa mediante ascensos y licencias, destituyen a la mayor parte de las autoridades y cargos, entre ellos al Alcalde, Miguel Pascual de Bonanza, sustituyéndolo por el significado progresista, Cipriano Bergez y declara traidores a la patria al gobierno de Madrid y a Narváez.

En cuanto el gobierno central tuvo noticias de la insurrección de Alicante, puso en marcha un formidable plan represivo con el fin de sofocar rápidamente la rebelión e impedir su propagación a otras ciudades de España. El 1 de febrero el ministro de la guerra. General Mazarredo, declara el estado de excepción en el cuarto distrito, Valencia y la provincia de Almería, se envían tropas desde Madrid al mando de Fernando Fernández de Cordova y José de la Concha y decreta y comunica a los mandos militares de los diferentes distrito a que sean pasados por las armas “todos los jefes, oficiales y sargentos que pertenezcan al ejército, milicias provinciales, Milicia Nacional, Carabineros o Armada que han tomado parte en la rebelión de Alicante”. El temor a una extensión del pronunciamiento hace que el gobierno adopte medidas extraordinarias, entre ellas la abolición de la ley de imprenta que afectaba a la libertad de prensa y la extensión del estado de excepción a toda España.

El Capitán General de Valencia, Federico Roncalli, recibió órdenes taxativas del gobierno de reprimir la rebelión y restablecer el orden, prohibiéndole cualquier negociación con los sublevados. Se trataba de dar un escarmiento ejemplar que cortara de raíz cualquier tentación revolucionaria. La primera medida que adopta Roncalli es desarmar la Milicia Nacional y ordenar el bloqueo de Alicante por mar y tierra.

Los líderes de la revolución sabían que el éxito del pronunciamiento dependía de su extensión a otras zonas de la provincia y del reino. El 31 Boné se dirige a la ciudad de Alcoy al frente de 1.000 hombres, 40 caballos y 2 piezas de artillería y sitia la ciudad amenazando con bombardearla si se resiste. Roncalli envía un comunicado animando a resistir a los alcoyanos, avisándoles que el día 2 de febrero se pondría en marcha para reprimir la sublevación. No se consiguió extender la rebelión a Alcoy, ni tampoco a Elche a pesar de los intentos realizados. Sí triunfó en poblaciones como Villajoyosa, Monóvar, Petrer o Cocentaina. Orihuela también abraza la causa revolucionaria durante siete días, gracias al apoyo de fuerzas procedentes de Cartagena y Murcia que impusieron un nuevo ayuntamiento, aunque el empuje de fuerzas gubernamentales bajo el general Pardo hizo retirarse a las fuerza revolucionarias, restableciendo el anterior ayuntamiento conservador.

El pronunciamiento también triunfó en Cartagena (2 febrero) y Murcia (3 febrero), lo que produjo un estado de ánimo favorable y entusiasta entre los revolucionarios alicantinos.

Boné, tras fracasar en su intento de entrar en Alcoy, sale de Ibi y se dirige el día 4 de febrero a Elda donde se concentraban las fuerzas del general Juan Antº. Pardo que acudía desde Murcia a bloquear la ciudad de Alicante. El encuentro se saldó con una derrota para Boné que aparte el número de muertos, se saldó con 250 prisioneros y la pérdida de numerosas armas.

El día 5 llega Roncalli a Alcoy y desde allí se dirige a Alicante, estableciendo su cuartel general en Mutxamel el día 7 de febrero. Entre el 8 y el 13 queda completado el bloqueo de la ciudad por mar y tierra quedando terminantemente prohibidas la entrada y salida de la misma.

El problema del abastecimiento va a convertirse en el principal problema para la población alicantina, así que la Junta ordenó al Ayuntamiento que vendiera al público el acopio de harina que tenía almacenado, mientras se habilitaban tahonas para fabricar pan, y exige a quienes posean depósitos de grano, arroz y aceite que le presenten una relación de la cantidad y calidad de estos géneros, avisando que se decomisarían los artículos que se hayan ocultado. Así mismo se estableció una tarifa de precios máximos a los productos de primera necesidad de comer, beber y arder para evitar una subida de precios impopular. La situación económica y el abastecimiento fueron haciendo la situación insostenible para los habitantes de la ciudad.

Enterada la Junta de las intenciones de Roncalli de fusilar a los prisioneros de la acción de Elda, amenaza con fusilar al Jefe Político Ramón Ceruti que además era hermano de la madre del general y por tanto tío de Roncalli y a los oficiales que no habían secundado el pronunciamiento. No obstante el general llevó a acabo su amenaza y el 14 de febrero ordenó fusilar en los muros del Panteón de los Guijarro, cerca de Villafranqueza, a los oficiales prisioneros en la acción de Elda.


Fueron estos:

Teniente Coronel, D. Ildefonso Basalio, procedente de reemplazo.

Comandante, D. José Mena

Comandante, D. Pío Pérez Villapadierna, procedente de Carabineros.

Capitán, D. Luis Gil

Teniente, D. Juan Gómez Algarra

Teniente, D. Luis Molina

Teniente, D. Arcadio Blanco


Roncalli justificaba ante sus tropas las ejecuciones como un “justo escarmiento a los que, desleales e ingratos a su Reina, han seguido el negro pendón de la rebelión”.

Tanto la prensa moderada, caso de “El Heraldo”, como el gobierno respaldaron sin fisuras la actuación del general que respondía en todo caso a las órdenes recibidas desde el Ministerio de la Guerra. Como vemos, la represión era el camino a seguir. El día 13 el general y ministro Mazarredo comunica que, sea cual sea la conducta de Boné, debe ser ejecutado pues “los hombres cuyo oficio es revolucionar y que trafican alterando el sosiego y la paz de los pueblos no pueden ser tratados como lo serían los enemigos puramente políticos”.

Las dificultades en el interior de la ciudad van en aumento y el malestar es patente. Boné quiere cortar de raíz cualquier intento de hostilidad o desánimo y para ello ordena pasar por las armas a toda persona que extienda o propague cualquier tipo de alarma, desaliento o desconfianza.

La Junta desconfía de los sectores más acomodados de la burguesía que nunca habían simpatizado con la revolución y trata de atraerse a los estratos sociales más populares, acusando al gobierno de mantener al pueblo en la ignorancia para dominarlo. “He ahí españoles, por qué ese gobierno de maldad quiere hacer que los adelantos del siglo queden totalmente aletargados; He ahí por qué siempre se han opuesto a la instrucción de las clases obreras. Bien conocen los perversos que su dominación no hubiera sido ni aun efímera si los españoles conocieran todos sus derechos”.

La prensa gubernamental se encargó de desacreditar a los revolucionarios alicantinos, especialmente a sus cabecillas, recurriendo a cualquier medio, militar o propagandístico para poner fin a la misma, lo que demostraba la creciente preocupación y la importancia que daba el gobierno a la rebelión de Alicante.

La posición ideológica de los jefes revolucionarios fue paulatinamente radicalizándose. Para los revolucionarios alicantinos, el partido Moderado es “el partido del egoísmo, el de los privilegios y exclusiones, el sectario del pretendido derecho de los reyes y el enemigo irreconciliable de la soberanía popular: Los medios de gobierno de este partido son: la centralización del poder con restricción de los derechos del pueblo y de sus municipalidades; el terror y los estados excepcionales para las provincias que no se prestan sumisas a tan repugnante dominio”, por todo eso se considera legítima la actuación contra un gobierno despótico y antisocial y las revoluciones , “…más que temidas, deben ser deseadas (…) cada una de ellas es una grada que suben los pueblos para entrar en el templo de su felicidad”.

El 13 de febrero, Alicante ya está totalmente rodeada por las tropas de Roncalli, mientras los sitiados se preparan a resistir emprendiendo tareas de fortificación de la plaza.

Después de varios días la situación se hace ya insostenible, el pan comienza a faltar y el abastecimiento de alimentos y de bienes de primera necesidad (tocino, alubias, harina, pan, bacalao etc) se hacía absolutamente necesario, de ahí la orden de la Junta de incautación forzosa del grano existente en los almacenes de comercio, así como el procedimiento de distribución de harina al público con la debida igualdad, organizando la ciudad en 14 barrios o cuarteles en proporción al número de vecinos, no expendiéndose a los particulares, sino solamente a los panaderos. Se trataba de garantizar el abastecimiento de pan diario, así como una tarifa de su precio para evitar la especulación.

A pesar de los esfuerzos de la Junta por infundir ánimos y atraerse las simpatías de los alicantinos con duros ataques a la camarilla de “degenerados aristócratas, perpetuos enemigos del sufrido y honrado pueblo, ignorantes eclesiásticos tan fanáticos como ambiciosos, los sectarios de la Inquisición" y de normalizar la vida de la ciudad, la confusión y desaliento se van apoderando de la población y de las fuerzas revolucionarias. El gobierno había conseguido su principal objetivo: aislar la revolución.

La crítica situación hace que se manifiesten diferencias cada vez más ostensibles entre los jefes revolucionarios y las primeras deserción es comienzan a producirse. El día 3 de marzo ya estaba clara la del Castillo de Sta. Bárbara, cuyo gobernador “El Empecinado” mantenía desde hacía días contactos con Roncalli y había cortado toda comunicación con los jefes revolucionarios de la ciudad. Al día siguiente se produjo un fortísimo bombardeo que provocó el pánico en la ciudad. Como consecuencia de la situación desesperada, el pueblo y gran parte de la milicia comenzaron a manifestarse hostiles hacia la Junta que, desconcertada, se había disuelto prácticamente, embarcándose y huyendo algunos de sus miembros, como el jefe político de la revolución, Manuel Carreras, en buques extranjeros. En la noche del 5 de marzo se constituye una comisión para entrevistarse con Roncalli para exponerle que el vecindario no había tomado parte en la insurrección del 28 de enero y rogarle que suspendiera el fuego. La entrevista no llegó a celebrarse porque en ese momento se hizo publico un oficio del Empecinado comunicando al Ayuntamiento que se había rendido a Roncalli “obteniendo un indulto general y olvido de todo lo pasado para la ciudad y pueblos de la provincia”.

Acto seguido se formó una comisión de comerciantes que se entrevistó con el Empecinado y acordaron que al día siguiente se enarbolaría la bandera blanca en el baluarte de S. Carlos.

A la salida del sol del día 6 de marzo, se escuchó una salva de 21 cañonazos desde el castillo de St. Bárbara. Era la señal acordada con Roncalli para ordenar la entrada de las tropas del gobierno en la ciudad. Poco después una fuerza de unos 5.000 hombres ocupaba la plaza con su general Roncalli al frente. Acababan así 28 días de bloqueo. Una comisión de tres miembros del nuevo Ayuntamiento hizo entrega a Roncalli de las llaves de la ciudad, mientras sucesivas comisiones de comerciantes, cabildo eclesiástico, tribunal y junta de comercio y otros notables y personalidades se dirigieron ante él para rendirle homenaje y gratitud.

La represión posterior


La primera medida que adoptó la autoridad militar fue la disolución de la Milicia Nacional y el desarme de todos los milicianos e individuos que hubieran pertenecido a “cuerpos francos o fuerza de paisano, marineros u otra creada por la fuerza rebelde”. Ordenó a continuación detener a todos los que hubieran participado de alguna manera en la rebelión o la hubieran apoyado de alguna manera. La ciudad fue peinada por diferentes comisiones militares y se detuvieron a más de doscientas personas. Los cabecillas civiles, a pesar de la orden de detención, consiguieron huir de la ciudad, a excepción de Félix Garrido, y se exiliaron del territorio español hacia diferentes plazas y ciudades, Gibraltar (caso de Carreras), Marsella, Perpignan, Argel, Orán etc. Es evidente que debieron contar con la ayuda de los cónsules y autoridades extranjeras en Alicante.

Los jefes militares no corrieron la misma suerte que los jefes políticos. El coronel Pantaleón Boné, en pleno desconcierto ante la inminente entrada de las tropas de Roncalli, salió el 6 de marzo de la ciudad con otros seis compañeros, pero descubiertos entre Relleu y Sella, fueron detenidos y llevados a Alicante al día siguiente, 7 de marzo. Un Consejo de Guerra los juzgó y los sentenció a muerte.

El día 8 de marzo, por la espalda y de rodillas, fueron fusilados en el malecón del puerto de Alicante Pantaleón Boné y 23 compañeros más, que en vano protestaron que no morían por traidores e insistieron en que se les fusilase de frente. Fue inútil. Según relata el cronista Pastor de la Roca “…muchos de ellos, estimulados por el animoso Boné, exclamaron un grito entusiasta y uniforme de ¡Viva la Constitución! La formidable voz del general Roncalli se apresuró a cortar la exclamación con un ¡Viva la Reina!, que era la contraseña para abrir fuego.


La represión continuó los días siguientes y hubo fusilamientos en Cocentaina, en Monforte y el 15 era fusilado el secretario Félix Garrido.

La represión posterior demuestra la importancia que el gobierno dio a los sucesos de Alicante y con ella trató de evitar cualquier intento de democratización y apertura del régimen.

Una representación del clero, comercio y Ayuntamiento, se presentó el mismo día del fusilamiento ante el general Roncalli con el objeto de felicitarle “por haber librado a esta ciudad de los estragos de la guerra”. La respuesta fue clara al recomendar que “…deben tener más refrenada toda esa gente que ocupan en los trabajos mercantiles… ni se propasen a cometer demasías harto sabidas por mí”.

Roncalli restableció la situación anterior a los sucesos revolucionarios designando el nuevo ayuntamiento, del que formaban parte la flor y nata de los conservadores alicantinos, grandes comerciantes y ricos propietarios, encabezado por Miguel Pascual de Bonanza.

Así acabó la rebelión liberal de Alicante. Los acontecimientos sucedidos en Alicante entre enero y marzo de 1844, uno de los momentos históricos más importantes de la Historia de España en la lucha por la defensa de las libertades y de un régimen democrático y una de las primeras en la que se hicieron patentes los principios republicanos como motores del movimiento revolucionario, cierran un ciclo de expansión de la revolución burguesa.

El partido moderado suprimió la Milicia y los ayuntamientos democráticos, así como la prensa y los grupos demócratas y republicanos, consolidando así su poder y el control del nuevo Estado autoritario y centralista, que quedará cimentado en las fuerzas del ejército que se convirtió, junto con la Guardia Civil- cuerpo que se creó en mayo de ese mismo año 1844 y que sustituyó a la extinguida Milicia Nacional- en auténtico pilar del régimen. El orden, y no la libertad como manifestaban los progresistas, es el pilar sobre el que descansan las instituciones y el desarrollo material.


La memoria de los Mártires de la Libertad en el pueblo alicantino


Tras la cruenta represión del pronunciamiento, siguió una persecución sistemática y la censura de cualquier manifestación o recuerdo de los sucesos. Sin embargo la actitud del pueblo alicantino siempre estuvo a favor de las opciones progresista, democrática y republicana y tuvo en el recuerdo a los mártires de la libertad el 8 de marzo su referencia y su símbolo.

Honrados como patriotas, héroes y víctimas de la tiranía y del despotismo durante muchos años, a pesar del olvido durante cuarenta años por la dictadura franquista, el pueblo alicantino siempre los recordó. Los partidos políticos intentaron instrumentalizarlos en beneficio propio. Que los partidos republicanos lo hicieran tiene su sentido, pero en el caso de los conservadores, destacando sobre todo el servicio a la reina y a la monarquía, raya en la demagogia y en el oportunismo más descarado.

Con los años pasaron a formar parte de la tradición los actos, marchas y homenaje final a los mártires. Especial importancia tuvo esta conmemoración durante el sexenio democrático 1868-1874. Se iniciaba con la colocación al amanecer del monumento de madera dedicado a su memoria. Se oficiaba en la colegiata de S. Nicolás una misa solemne, a cuyo término se iniciaba una marcha cívica que, partiendo del Ayuntamiento, recorría varias de las calles céntricas de la ciudad hasta desembocar en el Paseo de los Mártires (actual Explanada) hasta el lugar donde se emplazaba el monumento dedicado a su memoria. Presidía la marcha el Ayuntamiento, presidida por el Gobernador civil y participaba de forma masiva el pueblo alicantino, y diferentes grupos y sociedades de carácter cultural, social y político portando banderas blancas con crespón negro y coronas de flores o de laurel. Especial protagonismo tenían los clubs y organizaciones de carácter republicano de diferentes barrios de Alicante y pueblos de la comarca, así como de Elche y Santapola. Finalmente asistían también importantes autoridades como diputados por la provincia, Diputación provincial etc.

Durante el periodo de la Restauración se siguió conmemorando esta fecha por parte de los diferentes grupos políticos y los periódicos, fueran del signo que fueran. Sin embargo uno de los aspectos más novedosos fue el intento de apropiarse la figura de los mártires con evidentes fines de rentabilidad política y de dar una visión parcial y partidista en función de sus principios políticos. Para los conservadores canovistas los mártires murieron por defender la monarquía y los principios monárquicos liberales. No obstante, fueron las fuerzas republicanas las que convirtieron la conmemoración en seña de identidad de republicanismo.

El año 1907 fue un año especial porque el gran monumento, proyectado desde el sexenio revolucionario, fue por fin levantado, ubicado en la glorieta del Paseo del Malecón. Ese año la marcha cívica revistió una solemnidad especial al inaugurarse el monumento encargado por el Ayuntamiento al escultor alicantino Vicente Bañuls Aracil y cuya inscripción decía “ALICANTE, A LOS MARTIRES DE LA LIBERTAD DEL 8 DE MARZO DE 1844. LIBERTAD. SIC VOS NON VOBIS”.

El año 1914 el monumento fue trasladado a la actual plaza del mar, frente al Paseo de los Mártires, tras la urbanización de la zona.



El paso del tiempo y de los años fue haciendo cada vez más fría y protocolaria la conmemoración a la que se sumaban unos centenares de entusiastas mantenedores de la tradición.

Con la llegada de la II República, la fecha vuelve a adquirir un marcado relieve, paralelo a la efervescencia política del momento. Periódicos republicanos como “El Luchador” o “El Diario de Alicante” se hacen eco ampliamente de las celebraciones, convocando a la población al acto de forma efusiva, publicando manifiestos y proclamas políticas republicanas y dando al día siguiente amplias reseñas de los actos y firmas tan importantes como la de Fco. Montero Pérez, Roberto Castrovido o Juan de Rojas Puig escriben artículos, colaboraciones y editoriales destacados.

En Villafranqueza, municipio independiente de Alicante, la fecha que se conmemoraba era el 14 de febrero, día en el que fueron fusilados delante de los muros del Panteón de los Guijarro los siete oficiales presos en la acción de Elda.

La celebración cívica se iniciaba por la tarde, partiendo de la casa consistorial y se dirigía hacia la avenida de los Mártires de la Libertad hasta el citado Panteón, con asistencia del gobernador civil al frente del Ayuntamiento. En la marcha participaban banderas republicanas de las diferentes organizaciones políticas y seguían los alumnos de las escuelas públicas, con palmas y recuerdos a los mártires. Les seguía todo el pueblo palamonero y gran número de personas de Alicante y pueblos próximos.

Ante la lápida conmemorativa se leían alocuciones y discursos en nombre de los diferentes partidos republicanos, culminando con la intervención del alcalde y la ofrenda en el lugar del fusilamiento.

La sublevación militar del general Franco, la guerra civil posterior y el establecimiento de una sangrienta Dictadura durante 40 años abrió un paréntesis y un silencio total sobre el 8 de marzo y su significado. El nombre de Paseo de los Mártires desapareció junto con los nombres republicanos de las calles de la ciudad. El 9 de octubre el Ayuntamiento franquista aprobó el “…desmonte del monumento que existe en el centro de la plaza del Cónsul Knobloch”.

Tras la desaparición del Dictador, la recuperación de las libertades y el establecimiento del régimen democrático actual, Alicante pierde definitivamente la tradición de esta conmemoración, el monumento a los mártires y la onomástica de Paseo de los Mártires de la actual Explanada. Pero no ocurrió así con el pueblo de Villafranqueza que, habiendo perdido su condición de Ayuntamiento y convertido en barrio de Alicante, recuperó la tradición de la conmemoración del 14 de febrero que se ha mantenido viva año tras año. El entusiasmo de los dirigentes vecinales y de personas que los han apoyado ha favorecido el impulso de esta tradición a través de la restauración del Panteón muy deteriorado con el paso de los años, de la creación de una Comisión cívica que ha establecido los premios anuales “Mártires de la Libertad” a las personas e instituciones que han destacado en la defensa de las libertades y concursos literarios y artísticos entre alumnos de la ciudad y la comarca.

Francisco J.·. Lifante